La Argentina pidió frenar el proyecto Sea Lion, al norte de las islas. El Reino Unido sostuvo que el tribunal no tiene competencia porque el conflicto de fondo es la soberanía.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, cerró este miércoles las audiencias del caso que la Argentina presentó contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de Malvinas. Ahora los jueces deben decidir si dictan medidas provisionales para frenar Sea Lion, el proyecto que operan Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La resolución podría conocerse este viernes, aunque el plazo puede extenderse algunos días.
Qué es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar
El TIDM es un órgano judicial independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), de 1982. Su artículo 290 permite ordenar medidas urgentes para preservar los derechos de las partes o evitar daños graves al medio marino mientras se resuelve el fondo de una controversia. En este caso, el fondo lo definirá más adelante un tribunal arbitral.
Sea Lion está a unos 198 kilómetros al norte de las islas, en un bloque de 541 km². El plan prevé 23 pozos y 35 años de producción. Según la defensa británica, la perforación no empezaría antes de marzo de 2027 y la extracción no antes de 2028.
La delegación argentina, encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, pidió que no comience la explotación o que se suspenda. También pidió que ni las empresas ni Londres usen la información obtenida en la etapa de exploración. El argumento central es que una explotación unilateral en un área en disputa viola la Convemar y las resoluciones 2065 y 31/49 de la ONU, que piden no innovar mientras siga abierta la discusión por la soberanía. La Argentina advirtió además que el daño sería irreversible, porque los hidrocarburos no se renuevan, y que un derrame podría llegar a aguas argentinas en un mes.
El argumento británico
El Reino Unido, representado por la fiscal general Ellie Reeves, sostuvo que el tribunal no tiene jurisdicción, porque detrás del reclamo está la soberanía, un tema que excede la Convemar.
Recordó que hay licencias de exploración desde hace más de dos décadas y defendió el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos, con el respaldo del referéndum de 2013. También rechazó que haya urgencia: el tribunal arbitral estará constituido antes de que empiece la extracción, y el estudio de impacto ambiental calificó los riesgos de “muy bajos a bajos”.
Para decidir, los jueces evaluarán tres puntos: si el futuro tribunal arbitral tiene jurisdicción a primera vista, si hay urgencia real y si los derechos que reclama la Argentina son plausibles. Los especialistas plantean tres desenlaces posibles: ordenar que no avancen las perforaciones, adoptar una solución intermedia (monitoreo ambiental, intercambio de información o el compromiso de no agravar la controversia) o rechazar el pedido.
Cualquiera sea la decisión, el caso no termina ahí: el arbitraje seguirá su curso. Es la primera vez que la Argentina recurre a la Convemar contra la actividad petrolera en Malvinas. El tribunal ya le dio la razón al país en 2012, cuando ordenó liberar a la Fragata Libertad, retenida en Ghana. En el caso entre Ghana y Costa de Marfil, restringió nuevas perforaciones en una zona disputada.
