Con una acción judicial colectiva y una clase simbólica en Villa Dolores, el sector educativo profundiza su reclamo contra el nuevo régimen de cobertura de cargos en Catamarca. Denuncian cierres de cursos, pérdida de empleos y falta de diálogo con las autoridades. –eldiariodecatamarca.com
El nuevo régimen de cobertura de cargos en el sistema educativo estatal de Catamarca, aprobado mediante el Decreto N° 884/25, generó una fuerte reacción en el sector docente. Este viernes, el diputado provincial Hugo Daniel Ávila, junto a un grupo de docentes en actividad, no docentes y estudiantes, presentó ante la Justicia una acción de amparo colectiva para frenar la aplicación de la medida, al considerar que pone en riesgo fuentes laborales y atenta contra derechos constitucionales.
El decreto modifica el sistema de cobertura de cargos y reorganiza la planta orgánica funcional (POF) sin intervención del Poder Legislativo. Según argumentan los demandantes, las consecuencias directas incluyen el cierre de cursos y escuelas, el aumento del número de estudiantes por aula, y una mayor discrecionalidad en las designaciones, lo que afectaría especialmente a las zonas rurales y más vulnerables.
La acción judicial solicita la suspensión inmediata del decreto, su declaración de nulidad y la implementación de medidas cautelares urgentes. También exige el restablecimiento de mecanismos legales y participativos para definir la organización escolar y la cobertura de cargos docentes.
En este contexto, docentes, alumnos y familias del anexo de la Escuela Secundaria N°69, ubicada en el edificio de la Escuela 272 Provincia de Corrientes, en Villa Dolores (Valle Viejo), realizaron una clase pública en señal de protesta. La actividad, desarrollada en el patio escolar, incluyó representaciones simbólicas y discursos en defensa de la educación pública.
La protesta surge tras la comunicación de una disposición emitida el 15 de mayo, que prevé la apertura de un cuarto año con orientación en Turismo en el turno mañana. Según denuncian los docentes, esta medida implicó en la práctica el cierre de primero, segundo y tercer año del ciclo básico, aunque oficialmente solo se informó el cierre de un primer año, “Nos enteramos por una circular interna, pero no hubo ninguna explicación formal. Desde entonces venimos a trabajar sin tareas ni alumnos. Es una situación angustiante”, expresó una docente.
Un relevamiento interno estima que al menos 26 docentes, entre titulares, interinos y suplentes, resultaron directamente afectados. Especial preocupación manifestaron quienes aún no titularizaron “Llevamos años como interinos. Ahora quedamos sin horas y sin posibilidad de reclamar. Es una vulneración total”, alertaron.
Los docentes denunciaron también la falta de diálogo y la ausencia de asamblea de disponibilidad, mecanismo previsto para una eventual reubicación laboral. En ese sentido, solicitaron la intervención del Ministerio de Educación y el acompañamiento de los gremios “El decreto es un ataque directo al sistema educativo. Muchos docentes ya quedaron sin trabajo. Algunos tenían pocas horas, pero eran su único sustento”, afirmó el profesor Daniel Lonzalles.
En relación con el nuevo criterio de conformación de grupos (mínimo 20 y máximo 40 estudiantes), sostuvo que la medida “podría reducir el sistema educativo a la mitad”.
Convocatoria a movilización
La comunidad educativa llamó a una movilización para este sábado 24 a las 18:00 hs en Plaza La Estación, con el objetivo de visibilizar el reclamo “Vamos a marchar para exigir que se derogue el decreto. Es una vulneración grave de nuestros derechos”, manifestó Lonzalles.
Mientras tanto, los docentes continúan asistiendo a sus lugares de trabajo, aunque sin certezas sobre su futuro laboral “Nuestro pedido es claro: que se revise esta decisión, se detenga su aplicación y se garantice nuestra estabilidad”, concluyeron.
Así mismo, ante este escenario en un hecho simbólico, varios establecimientos escolares decidieron no participar del acto y desfile patrio previsto para este domingo 25 de mayo en la Avenida Presidente Castillo, en Valle Viejo. La medida representa un gesto de rechazo al actual conflicto y al silencio oficial frente a los reclamos.
