Por mayoría y con integración de conjueces, La Corte Suprema rechazó por inadmisible los planteos de las defensas a Lázaro Báez en la "Ruta del dinero K".
A través de la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que no los obliga a los supremos detallar las razones de su decisión, la Corte Suprema dejó firme la condena de 10 años de prisión del empresario santacruceño Lázaro Baez donde se dio por probado que armó una estructura bancaria y financiera para lavar más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013.
Para la justicia, los fondos provenían de facturación ilegal. El expediente incluyó multas y decomisos y tomó auge en 2016 por las imágenes de varios de sus involucrados contando fuertes sumas de dinero en una financiera de Puerto Matadero conocida como “La Rosadita”.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también dejó firme la condena de Martín Báez, hijo mayor de Lázaro, así como también del abogado de Austral Construcciones, Jorge Chueco, el contador de la firma, Daniel Pérez Gadín y el arrepentido Leonardo Fariña, entre otros.
El fallo lleva la firma de los Ministros de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y de los jueces de la Cámara Federal de General Roca y de la Cámara Federal de Corrientes Mariano Lozano y Luis Ramón González, respectivamente quienes tras un sorteo intervinieron como conjueces
En tanto, el supremo Carlos Rozenkrantz sostuvo en su voto, darle intervención a la Procuración General de la Nación para que dictaminara sobre los argumentos de las defensas.
Por otra parte y sin disidencias, la Corte rechazó una serie de recursos de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner contra la reapertura de un tramo de la causa en instrucción, por entender que no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
La investigación de dicho tramo está a cargo del juez federal Sebastian Casanello quien en su momento a instancia del fiscal Guillermo Marijuán sobreseyó a la ex jefa de Estado, pero esa decisión fue cuestionada por una ONG que consiguió convertirse en querellante.
