La oposición denunció un grave conflicto de intereses en el Gasoducto, advirtiendo por caños perdidos y millonarias multas perdonadas. -eldiariodecatamarca.com.ar
Diputados del bloque Generar, Tiago Puente, Mamerto Acuña, Natalia Herrera y Silvana Quinteros
Diputados del bloque “Generar” cuestionaron en conferencia de prensa un acuerdo por el que el Gobierno provincial habría condonado casi $1.700 millones de multa a la contratista MEGA S.R.L. y exigen saber el paradero de 116 kilómetros de caños comprados por el Estado.
En diálogo con La Isla FM 107.9 y eldiariodecatamaraca.com.ar, los legisladores Tiago Puente, Mamerto Acuña, Natalia Herrera y Silvana Quinteros, presentaron este miércoles una grave denuncia penal ante la Fiscalía General de Catamarca por presuntas irregularidades, malversación de fondos y delitos contra la administración pública en la obra del Gasoducto Lavalle-Catamarca.
Al ser consultado sobre una supuesta relación entre el exministro Alberto Kozicki con la empresa sospechada, el legislador Tiago Puente afirmó:“El exministro tiene sociedades comerciales en otras empresas junto con Carlos Berruenzo, quien se desempeñaba como presidente y representante de la empresa MEGA S.R.L. y se advierte una probable incompatibilidad de funciones y conflicto de intereses, debido a que el propio ministro Kozicki tenía la responsabilidad legal y directiva sobre el proceso de licitación y adjudicación de la obra del gasoducto a favor de su socio comercial”.
A su vez, Puente también afirmó que “los documentos y pruebas que acreditan la existencia de estas empresas en común entre los funcionarios y el empresario de MEGA fueron adjuntados formalmente en la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General”.
Cabe destacar que la presentación judicial consta de 80 fojas (30 fojas de fundamentación jurídica y 50 de presuntos elementos de prueba), donde se adjuntan certificaciones de obra, anticipos financieros y copias de decretos y actos administrativos.
Los denunciantes remarcaron que este caso se suma a presentaciones judiciales previas realizadas ante la justicia (como la causa Zampieri), instando al Ministerio Público a actuar con independencia.
Asimismo, no descartaron acudir a los tribunales federales de Comodoro Py, dado que la obra contaba con financiamiento tripartito y convenios con el Gobierno Nacional por un monto de $4.959 millones.
