El organismo avaló el rumbo económico del Gobierno tras aprobar la segunda revisión del acuerdo, aunque advirtió que la sostenibilidad del programa dependerá de la acumulación de reservas y de reformas tributarias y previsionales.
Tras aprobar la segunda revisión del acuerdo por US$20.000 millones, el directorio del organismo validó la estrategia de ajuste aplicada por el Gobierno, destacó la desaceleración de la inflación y proyectó un escenario de crecimiento moderado, pero al mismo tiempo dejó en claro que el éxito del plan dependerá de reformas profundas aún pendientes.
El informe técnico difundido tras la revisión ratifica el diagnóstico central del Fondo Monetario Internacional: el programa económico logró avances significativos en tiempo récord, especialmente en materia fiscal. De hecho, el organismo calificó el ajuste inicial como “excepcionalmente grande en comparación internacional”, un reconocimiento que subraya la magnitud del recorte del gasto público implementado en los primeros meses de gestión.
Este giro permitió recuperar uno de los pilares clave del esquema macroeconómico argentino: la credibilidad, condición indispensable para estabilizar expectativas en un país acostumbrado a ciclos recurrentes de crisis.
En línea con ese enfoque, el FMI también valoró la velocidad del proceso de desinflación, que —según su evaluación— avanzó más rápido que en experiencias previas de estabilización.
La reducción de la inflación no respondió a un único factor, sino a una combinación de políticas: la corrección de precios relativos, la eliminación de controles, la liberalización de restricciones comerciales y financieras y un manejo más estricto del frente fiscal. Este conjunto de medidas permitió quebrar la inercia inflacionaria en un contexto que el propio organismo considera más robusto que episodios pasados.
A diferencia de otras crisis argentinas, el Fondo Monetario Internacional también destacó la decisión del Gobierno de respetar contratos y compromisos de deuda, así como el impulso al blanqueo de capitales lanzado en 2024 para fomentar la repatriación de activos. Estos elementos son interpretados como señales de previsibilidad institucional, un factor clave para atraer inversión y sostener la recuperación económica.
En términos de proyecciones, el organismo plantea un escenario moderadamente optimista para el corto plazo. Para 2026, estima un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,5%, una inflación anual del 25%, una tasa de desempleo del 7,2% y un superávit fiscal primario equivalente al 1,4% del PBI. Se trata de cifras que reflejan una economía en proceso de estabilización, aunque aún lejos de consolidar un ciclo de crecimiento sostenido.
Sin embargo, detrás del respaldo técnico emerge una advertencia de fondo: la estabilización inicial no garantiza la sostenibilidad del modelo. El informe identifica tres áreas críticas que requieren atención inmediata: la acumulación de reservas, la consistencia del régimen cambiario y la necesidad de reformas estructurales, especialmente en el sistema tributario y previsional.
