Es que el bloque de la UCR, denunció una reforma institucional impulsada sin debate, que coloca a un organismo de control bajo la órbita del Ejecutivo. Acusando al oficialismo de romper con la autonomía de los poderes. –eldiariodecatamarca.com
Se conoció que en la Cámara de Senadores se recibió oficialmente el decreto del Poder Ejecutivo provincial que designa en comisión al ex ministro de Educación, Dalmacio Mera, como nuevo defensor del Pueblo. La medida generó un inmediato rechazo por parte de los bloques opositores, que acusan al Gobierno de vulnerar la división de poderes y avanzar con una reforma inconsulta del organismo.
La polémica se profundizó debido a que el decreto modifica el rol de la comisión Bicameral Permanente, que tendría la facultad de seleccionar al Defensor del Pueblo. Con esta nueva disposición, la Bicameral, integrada por cinco senadores y cinco diputados en proporción a la representación legislativa, quedará relegada a un papel de vínculo institucional con el nuevo titular del organismo, sin capacidad decisoria.
Aunque el nombramiento de Mera, aún debe ser aprobado por el Senado con mayoría calificada de dos tercios, desde la oposición ya anticiparon acciones legales. El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, anunció que presentará una demanda judicial para solicitar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto Acuerdo N°719/2025, firmado por el ejecutivo el pasado 30 de abril.
Según sostienen, el decreto modifica de manera unilateral e inconstitucional la ley N°5337, que regula el funcionamiento de la defensoría del Pueblo, alterando su estructura, las competencias del organismo, el proceso de designación y la duración del mandato. Los legisladores radicales también advirtieron que, a pesar de haber sido remitido a la Legislatura, el decreto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, lo que impide su vigencia legal.
Señalan que esta omisión vulnera el principio de publicidad de los actos de gobierno y constituye un acto de opacidad institucional. Desde el bloque de la oposición denunciaron que el Ejecutivo incurre en un uso abusivo del artículo 184 de la Constitución Provincial, avanzando con decisiones de alto impacto institucional sin debate legislativo ni participación ciudadana, “Esto representa una clara intromisión en las facultades propias del Poder Legislativo y un grave retroceso institucional” indicaban los voceros de la UCR.
En el centro de la discusión está la independencia de la Defensoría, un organismo de control que según la oposición, quedaría subordinada al ejecutivo, afectando su autonomía y debilitando las garantías democráticas en la provincia.
