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Así lo expresó Mauricio Figueroa, presidente del Colegio Médico de Catamarca al hacer referencia a la iniciativa de crear un banco de medicamentos.-  eldiariodecatamarca.com

Continúa la polémica en relación con la distribución de medicamentos por fuera de los canales legales habilitados. Desde el Colegio Médico de Catamarca se había propiciado un encuentro con el legislador del MID, Javier Galán con el objetivo de asesorar al diputado sobre los riesgos que supone la entrega de los medicamentos por “fuera del circuito normal”

Mauricio Figueroa, presidente de la institución que nuclea a los galenos afirmó que la institución intentó mantener un encuentro con Galán, pero aseguró que ese diálogo finalmente no se concretó.

“La reunión ha sido infructuosa”, sostuvo Figueroa, quien explicó que desde la entidad enviaron notas formales al despacho del diputado con la intención de “asesorarlo” y transmitirle “la alerta máxima” sobre la distribución de medicamentos fuera de farmacias y centros sanitarios habilitados.

Según indicó, el objetivo era advertir que “esto no era negociable” desde el punto de vista sanitario y que existen leyes nacionales y provinciales que regulan estrictamente el expendio de medicamentos.

“En lugar de buscar hacer un bien, podríamos estar expuestos a producir un mal hacia nuestra población”

Figueroa insistió en que “la solidaridad nunca va a reemplazar la responsabilidad sanitaria” y explicó que un medicamento “no es un bien de consumo”, sino “una intervención terapéutica” que requiere controles específicos.

“Tiene indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, interacciones y dosis que tienen que ser cuidadosamente brindadas a la población”, señaló.

Además, alertó sobre la posibilidad de que se distribuyan medicamentos sensibles, como psicofármacos o antibióticos, sin controles adecuados. “Las recetas pueden ser plagiadas, pueden estar fuera de tiempo. Las personas van a acudir a cualquier método para conseguir un medicamento”, sostuvo.

Como alternativa, planteó que las donaciones podrían canalizarse a través de programas oficiales como Remediar o mediante mecanismos estatales ya existentes.