La medida se inscribe en la decisión de Javier Milei de recortar en un 40% la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos mientras prepara el despido de uno de cada tres de sus trabajadores.
El gobierno de Javier Milei está decidido a terminar con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Tras anunciar la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos al rango de subsecretaría, este jueves pasó la motosierra sobre el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA (ex Escuela de Mecánica de la Armada donde funcionó uno de los tantos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la última dictadura cívico militar).
Así quedó plasmado en el Decreto 344/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
Allí, el gobierno libertario avanza en la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de Sitio ESMA, ambos organismos descentralizados de la Secretaría de Derechos Humanos del ministerio de Justicia que pasarán ahora a integrar las unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Entre los considerandos de la medida, el Gobierno asegura que busca así promover una gestión más eficiente y coordinada en la preservación de la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos.
El artículo 1 dispone "la transformación del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo de Sitio ESMA -Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio-, ambos organismos desconcentrados de la Secretaría de Derechos humanos del Ministerio de Justicia, en unidades organizativas a incorporarse a la estructura del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH)".
Así la CIPDH asumirá las funciones y objetivos del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio de Memoria ESMA que tendrán como “actividades fundamentales obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones”.
La medida se inscribe en la decisión del gobierno libertario de recortar en un 40% la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos mientras prepara el despido de uno de cada tres de sus trabajadores.
