Una diputada libertaria presentó un proyecto que propone incorporar la escucha de la actividad cardíaca embrionaria o fetal antes de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.
Una nueva iniciativa legislativa volvió a instalar el debate sobre el aborto en el Congreso de la Nación. La diputada nacional Alida Ferreyra, integrante del bloque de La Libertad Avanza, presentó un proyecto denominado “Ley Latidos”, que busca modificar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La propuesta establece que, antes de prestar el consentimiento informado para realizar un aborto, la persona gestante deberá recibir información detallada sobre el desarrollo del embarazo y, cuando las condiciones técnicas lo permitan, tendrá la posibilidad de escuchar la actividad cardíaca del embrión o feto.
“Juré como diputada ‘por la vida’ y cumplo. Presentamos el proyecto de ley para protegerla desde el primer latido”, expresó Ferreyra al anunciar la iniciativa en sus redes sociales. En el mismo mensaje cuestionó la legislación vigente y sostuvo que el corazón del niño por nacer merece ser escuchado antes de cualquier decisión.
El proyecto plantea incorporar dos artículos, identificados como 6 bis y 6 ter, a la normativa sancionada por el Congreso en diciembre de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Qué establece la denominada Ley Latidos
Uno de los principales puntos de la iniciativa dispone que los profesionales de la salud deberán brindar información verbal, clara, comprensible, objetiva y científicamente validada sobre el estado del embarazo, teniendo en cuenta la edad gestacional.
Esa explicación deberá incluir la existencia o inexistencia de actividad cardíaca embrionaria o fetal detectable y su significado clínico.
Además, el texto establece que los establecimientos sanitarios deberán contar con los medios necesarios para que la persona gestante pueda escuchar esa actividad cardíaca cuando sea técnicamente posible. La instancia deberá realizarse antes de la firma del consentimiento informado y quedar registrada en la historia clínica.
La propuesta contempla excepciones para aquellos casos en los que exista una imposibilidad técnica debidamente documentada o cuando la demora pueda representar un riesgo para la vida o la salud de la persona gestante. En esas circunstancias, la atención deberá continuar conforme a los plazos y condiciones establecidos por la legislación vigente.
Otro de los aspectos incluidos es la obligación de proporcionar información sobre los programas públicos de acompañamiento y asistencia económica, sanitaria y social durante el embarazo y la primera infancia.
En particular, menciona las prestaciones previstas en la Ley 27.611, conocida como Ley de los 1.000 días, la Asignación por Embarazo para Protección Social y los servicios de apoyo psicológico y social disponibles en cada jurisdicción.
También incorpora información sobre la posibilidad de continuar con el embarazo, la adopción y la guarda con fines adoptivos. A su vez, contempla que la persona gestante pueda solicitar una entrevista con un profesional de un equipo interdisciplinario de salud, sin que esa instancia sustituya la atención médica ni provoque demoras incompatibles con los plazos legales.
Quién es la diputada libertaria
Alida Mónica Ferreyra es abogada y diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integra el bloque de La Libertad Avanza y ocupa una banca en la Cámara baja desde el 31 de enero de 2024, cuando asumió en reemplazo de Diana Mondino, quien había dejado su escaño para incorporarse al Poder Ejecutivo como canciller.
Nació en Corrientes y se formó como abogada. En su llegada al Congreso dejó expresada su posición sobre el aborto durante el juramento de asunción, cuando se comprometió por los niños por nacer.
Ferreyra se identifica con el sector denominado provida, que se opone a la interrupción voluntaria del embarazo. Su nueva iniciativa se inscribe en una discusión que atraviesa a La Libertad Avanza y que tuvo otros antecedentes, como el proyecto presentado por la diputada Rocío Bonacci para derogar la Ley 27.610.
Por el momento, se trata de un proyecto de ley. Su eventual tratamiento en el Congreso volverá a poner sobre la mesa las diferencias políticas y sociales que marcaron el debate por la legalización del aborto en Argentina.
